El exmandatario, quien renunció en febrero pasado, enfrenta un cargo por crimen organizado, dos por corrupción, uno por lavado de dinero y 12 por fraude, todos vinculados con 738 pagos que se alega recibió durante una compra multibillonaria de armas finalizada en 1999 por parte del Gobierno sudafricano a la firma francesa Thale.
Tanto Zuma como los representantes de Thale reclamaron la anulación del caso por alegadas irregularidades en el proceso.