Contradicciones en sentencia contra Lula, según justicia brasileña

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El Ministerio Público Federal de Brasil informó que constan omisiones y contradicciones en la sentencia por corrupción que dictó la jueza Gabriela Hardt contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple 325 días preso.

Hardt, quien sustituyó al cuestionado exmagistrado Sérgio Moro en la operación anticorrupción Lava Jato, condenó en enero al exdirigente obrero a 12 años y 11 meses de prisión por corrupción activa y pasiva, y lavado de dinero en el proceso del sitio de Atibaia.

Estimó la jueza que Lula se favoreció de obras por unos 273 mil dólares que tres empresas realizaron en una casa de campo en el municipio Atibaia, interior del estado de Sao Paulo.

La vivienda aparece a nombre del empresario Fernando Bittar, amigo del exlíder metalúrgico, que se la entregó en 2010 para el disfrute con su familia.

Pese a este comprobado hecho, la justicia alega que el exmandatario se benefició de forma ilegal de las reparaciones en el inmueble por parte de las compañías Odebrecht, OAS y Schain.

Una investigación realizada en el sistema de pagos de propina de Odebrecht y presentada por la defensa de Lula a Moro echó por tierra la acusación de que el contratista habría destinado cualquier suma al exsindicalista para la reforma de la casa. El acusado niega haber cometido cualquier irregularidad.

Según la Fiscalía, Lula fue denunciado por 10 crímenes de corrupción pasiva. ‘En algunos puntos de la sentencia hubo mención a la práctica del crimen de corrupción activa por Luiz Inacio Lula da Silva’, relató la Lava Jato.

Por tratarse de un mero error material, ‘el Ministerio Público Federal requiere esa contradicción rectificada, para que pase a constar el crimen de corrupción pasiva’.

En la manifestación, los fiscales apuntaron una ‘omisión en la parte dispositiva de la sentencia’.

La pena impuesta por Hardt es mayor que la establecida por Moro. En julio de 2017, el entonces magistrado de la Lava Jato condenó al exgobernante por otros supuestos hechos de corrupción a nueve años y seis meses de prisión, pena después ampliada a 12 años y un mes por un tribunal regional federal.

Para los abogadores defensores, ‘Lula es víctima de una verdadera cacería judicial por parte de un agente togado (Moro) que utilizó indebidamente expedientes jurídicos para perseguir políticamente a un ciudadano, buscando anular, una por una, sus libertades y derechos’.

El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) insiste en que resulta víctima de una verdadera persecución política y que luchará hasta el final por su dignidad.