De renovarse esas medidas, los Estados miembros de la ONU -actuando a nivel nacional o a través de organizaciones regionales- podrán inspeccionar en alta mar las embarcaciones frente a las costas libias cuando existan motivos razonables para creer que violan el embargo de armas.
Además, será posible confiscar y destruir las armas y municiones encontradas durante la inspección de los buques.
Precisamente la semana anterior, el Consejo de Seguridad aprobó sanciones contra seis personas relacionadas con redes de tráfico humano en Libia.
Esas medidas contemplan la congelación de activos y la prohibición de viaje a Ermias Ghermay, Fitiui Abdelrazak, Ahmad Umar al Dabbashi, Musab abu Qarin, Mohamed Kahlaf y Abdelrahman al Milad.
Las sanciones -que fueron aprobadas por consenso en el comité de sanciones para Libia del Consejo de Seguridad- entraron en vigencia el 7 de junio.
Desde 2011, ese organismo puede imponer bloqueos de activos financieros y prohibiciones de viaje a ‘individuos y entidades implicadas o cómplices en ordenar, controlar o dirigir la comisión de violaciones graves de los Derechos Humanos contra personas en Libia’.