Canadá condena decisión de Israel de deportar a miles de africanos

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Canadá condena la decisión de Israel de deportar o encarcelar a partir de marzo a más de 37 mil refugiados procedentes de Sudán y Eritrea que viven en ese país, señaló hoy una declaración oficial.

Las autoridades israelíes distribuyeron avisos a los afectados de que tienen 60 días para abandonar el territorio hacia alguna nación africana ‘segura’ y, para eso, les darán un boleto aéreo y varios miles de dólares, y si no lo hacen irán a prisión de forma indefinida.

Canadá no apoya estas políticas de deportaciones masivas porque los derechos de esas personas están claramente establecidos en la Convención de Ginebra sobre el Estatus de los Refugiados, de la cual Tel Aviv es signataria, señaló Adam Austen, vocero de la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, en un comunicado.

A la vez que las autoridades de Ottawa reubican aquí el mayor número de individuos que vienen de Israel en busca de asilo, ‘estamos en contacto con el Gobierno de Benjamin Netanyahu para hacerle llegar nuestro pesar por toda esta situación’, añadió el funcionario.

Según la agencia de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, unos mil 880 refugiados eritreos procedentes de Israel fueron reubicados en esta nación norteña en 2016 y 2017, casi todos con el auspicio de entidades privadas.

Aunque Tel Aviv no menciona los nombres de los países a los cuales serían trasladados los inmigrantes, a quienes Netanyahu califica de infiltrados ilegales, medios de prensa mencionan a Ruanda y Uganda entre las más probables.

Canadá estima que las medidas de protección de los derechos humanos en Israel están basadas en el origen étnico y religioso de los individuos, por lo que recomendó al Gobierno de ese país tomar las medidas para garantizar un acercamiento institucional igualitario y no discriminatorio hacia todas las comunidades, incluyendo a los árabe-israelíes y los africanos que buscan asilo.

Otras recomendaciones de Ottawa incluyen la reducción de las restricciones en la libertad de movimiento para permitirles a los palestinos el acceso a los servicios de salud, así como la protección de los grupos de la sociedad civil para que puedan operar libremente en su territorio.