Angoleños acusados de rebelión pasarían a prisión domiciliaria

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activistas-angolaLa Procuraduría General de la República de Angola presentó una solicitud al juez de la causa contra 17 acusados de actos de rebelión para cambiar la medida de detención por arresto domiciliario, se conoció hoy aquí.

Según el procurador general de la República, Joao Maria de Sousa, el Ministerio Público promueve el cambio de la medida cautelar a la de coacción personal, aplicada a 15 reos en prisión, en el sentido de sustituirla por una más leve a partir del viernes próximo.

Lo anterior teniendo en cuenta que entrará en vigor una nueva ley que reemplazará la de prisión preventiva por instrucción preparatoria.

De Sousa explicó a la prensa que la ley de medidas cautelares en proceso penal solo permite que sea aplicada la prisión preventiva a los imputados de delitos con pena superior a tres años de cárcel.

«Este no es el caso de estos 17 acusados», notificó y añadió que las infracciones cometidas por los inculpados solo prevén castigo con condena de hasta tres años de prisión o una multa.

El procurador confirmó que, bajo la nueva ley, la preventiva sería la última decisión en las medidas coercitivas a aplicar.

«Mantener a muchos internos se convierte en una situación muy costosa para el Estado», reconoció.

Precisó que cada preso cuesta 60 dólares diarios en un centro penitenciario y en este momento el país cuenta con unos 24 mil reclusos.

En su quinta semana consecutiva, el Tribunal Provincial de Luanda prosigue con el juicio contra los 17 acusados (entre ellos dos mujeres) de protagonizar actos preparatorios de rebelión, subversión del orden y tranquilidad públicas.

La corte pretende escuchar los alegatos de los últimos cuatro de ese total de impugnados, detenidos en junio.

Fuentes judiciales aseguran que también en la semana podrían escucharse los fundamentos de los peritos de la investigación policial.

La Fiscalía notificó que los acusados pretendían «movilizar a la población de Luanda para una insurrección de desobediencia civil colectiva, mediante la colocación de barricadas en las principales calles de la capital y la quema de neumáticos en lugares con la mayor afluencia de extranjeros».

Para el viceprocurador general de la República, Helder Pitra Grass, los incriminados querían alterar el cuadro político actual, cambiar al presidente del país al de la Asamblea Nacional y hubo necesidad de intervenir para no permitir una insurrección.

En la 14 sesión de Delitos Comunes del Tribunal Provincial de Luanda, el juicio que comenzó el 16 de noviembre se realiza en virtud de la ley de infracciones contra la seguridad del Estado.