Algarabía judicial en Monrovia

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Por Julio Morejón

Un escándalo de corrupción afecta a Liberia, donde aumentan las posibilidades de que se juzgue por crimen contra la economía al ex vicegobernador del Banco Central, Charles Sirleaf.

Las autoridades judiciales atribuyeron responsabilidad a Charles Sirleaf, hijo de la expresidenta y Premio Nobel de la Paz (2011) Ellen Johnson Sirleaf, en un delito de sabotaje económico por la impresión ilegal de un monto millonario de la moneda nacional, el dólar liberiano, cuando era vicegobernador del Banco Central, puesto con un gran poder de decisión en las cuestiones monetarias y financieras.

Sobre él pesan los cargos de actuar ‘a propósito con intenciones delictivas y de conspirar con otros funcionarios’ con el fin de imprimir la moneda local pero también con la finalidad de quedarse con algunas ganancias, como se expuso en la corte de Monrovia.

Según el tribunal que lleva el caso, se sospecha que Charles Sirleaf se apropió de ese capital (o de una parte importante) entre 2016 y 2018, y junto con él se acusó a otros cuatro exfuncionarios de la institución, dos de ellos en libertad por desconocerse su paradero.

Charles Sirleaf, Milton Weeks y el oficial del banco Dorbor Hagba fueron acusados de sabotaje económico, uso indebido de dinero público y conspiración criminal, y un juez ordenó la reclusión en espera del juicio. Los otros dos sospechosos son Richard Walker y Joseph Dennis.

No obstante, los detenidos no hicieron comentarios sobre las denuncias, que trascendieron en un informe publicado por una agencia de auditoría sobre el dinero desaparecido y que es sólo un fragmento, el cual deberá integrarse al cuadro completo del proceso judicial.

Sin embargo, el dictado del magistrado no se cumplió totalmente, ya que el ex vicegobernador del Banco Central fue liberado de la prisión por razones de salud luego de que sus abogados presentaron una solicitud al respecto, explicó el Ministerio de Información liberiano.

‘Charles Sirleaf tiene orden de ser retirado de la Prisión Central de Monrovia a su hogar o cualquier otro lugar de vivienda que le sea deseable dentro de la Ciudad de Monrovia o sus alrededores bajo la condición de arresto domiciliario’, declaró la jueza Boimah Kontoe, quien atendió la demanda.

Mientras prosigue la actividad jurídica, se especula que el caso está engarzado con temas políticos; se aclara que desde el inicio los abogados de la defensa no respondieron a las denuncias sobre lo que algunos observadores califican de ‘escándalo’ y la opinión pública apellida ‘de corrupción’.

LABOR DETECTIVESCA 

Según medios de prensa, las pruebas que condujeron a dar los primeros pasos se basan en un informe realizado de manera independiente por la firma Kroll, la cual trabajó sobre la supuesta desaparición de más de 100 millones de dólares en billetes de Liberia impresos en 2018.

Los medios masivos reiteraron con amplitud que los contenedores del envío de dinero y que se conocía estaban llenos de este, desaparecieron del puerto y aeropuerto de Monrovia, un elemento sustancioso con el cual se podría concluir la existencia de una red dispuesta a la conspiración.

Sin embargo, el documento base no alude a alguna prueba de que eso sucedió, pero sí descubrió que el Banco Central de Liberia actuó de manera unilateral e ilegal al imprimir e importar para el país tres veces la cantidad de billetes autorizados por la legislación nacional.

Lo que ocurre -opinan observadores- se agrava si se toma en cuenta que el presidente liberiano y exdestacado futbolista George Weah ascendió a la jefatura del Estado con dos promesas: mejorar el nivel de vida de la población y enfrentarse al lastre económico y moral de la corrupción.

En su discurso relativo a la necesidad de una transformación social, el mandatario subrayó que durante su mandato no habría lugar ‘para los que engañan al pueblo liberiano a través de la corrupción’.

Hace poco más de un año, en diciembre de 2017, Weah ganó las elecciones con el 61 por ciento de respaldo del electorado que le confió la tarea avanzar en la cicatrización de traumas sufridos por el país como la calamitosa epidemia de Ébola en 2016, las secuelas de una guerra concluida en 2003 y la pesadilla política llamada Charles Taylor.

La gestión de gobierno del expresidente liberiano Charles McArthur Ghankay Taylor, quien cumple una condena de 50 años de cárcel dictada por el Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona, podría ejemplificar el affaire de la corrupción en Liberia, ya que el otrora gobernante participó el tráfico de los llamados diamantes de sangre.

Fue el primer jefe de Estado condenado por esa corte y su caso se resumió en que suministró armas al Frente Revolucionario Unido (FRU) de Foday Sankoh a cambio de diamantes ilegalmente extraídos de las zonas de conflicto armado durante la guerra en Sierra Leona (1995-2002).

TAMBIÉN EXXON 

La petrolera estadounidense Exxon Mobil hizo negocios en Liberia con el empleo de actos de corrupción por valor de 120 millones de dólares en el ámbito de la explotación de crudo, cuando el presidente de esa trasnacional era Rex Tillerson, quien luego fue secretario de Estado en la administración de Donald Trump.

Así informó la organización no gubernamental Global Witness, al acotar que bajo el mando de Tillerson, Exxon acordó en 2013 la compra multimillonaria de zonas para la extracción del crudo, pese a que la adquisición ‘estaba contaminada por las prácticas corruptas en el país africano’.

Según detalles de una investigación de la ONG, presuntamente se conocía antes de concretar el negocio que el identificado como ‘Bloque 13’ se adjudicó a la firma mediante prácticas de sobornos e incluso se sospechaba que algunos de los propietarios eran antiguos políticos, quienes ilegalmente se apropiaron de esa área.

Global Witness indicó que no era la primera vez que una compañía del sector petrolero estadounidense estudiaba realizar compras similares, con anterioridad la Chevron desechó una opción de quedarse con una fuente de hidrocarburo precisamente por precaución en el tema de la corrupción.

La compra por 120 millones de dólares del Bloque 13 se acompañó con pagos por más de 200 mil dólares realizados por una agencia de petróleo liberiana, también vinculada a prácticas ilegales, a seis oficiales que aprobaron el negocio, entre ellos los exministros de Justicia, Finanzas y Minería, puntualizó la organización.

El director de Campañas de la ONG, Jonathan Gant, afirmó que ‘mientras Estados Unidos gastaba miles de millones de dólares en ayudar a reconstruir la Liberia destrozada por la guerra, Exxon -bajo la mirada de Tillerson- estaba minando estos esfuerzos implicándose en la corrupción del sector petrolero’.

Las bonificaciones monetarias llegaban hasta altas dependencias oficiales y se destacó que entre los gratificados estaba el director de la agencia petrolera estatal Noccal, Robert Sirleaf, también hijo de la expresidenta Ellen Johnson Sirleaf, pero al igual que en el caso de Charles el escándalo desbordó el ruedo familiar.