AI pide una investigación de los delitos cometidos en Malí

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Salil-ShettyAmnistía Internacional acusa a las autoridades malienses de permanecer de brazos cruzados a la hora de perseguir y condenar a todos aquellos miembros del Ejército maliense, fuerzas de paz de la ONU y de los rebeldes tuareg responsables de ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas, tortura y abusos sexuales, y advierte de que la falta de medidas puede avivar la inseguridad actual que existe en el país africano.

   En particular, AI ha solicitado a las autoridades información sobre la ejecución extrajudicial de al menos 40 civiles y sobre el paradero de 32 personas que han desaparecido tras haber sido detenidas por las fuerzas de seguridad.

La ONG ha realizado esta petición unos días después de las elecciones legislativas en Malí, en cuya capital, Bamako, Amnistía Internacional ha presentado un Programa de Derechos Humanos para la nación africana a través de su secretario general, Salil Shetty.

“En los últimos dos años, Malí ha sufrido la crisis más grave de su historia”, ha manifestado Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. “Muy pocos de los responsables han rendido cuentas, y no hay señales de que vayan a rendirlas.”

“Las elecciones son un paso importante para establecer el Estado de derecho en Malí pero, si las autoridades realmente van en serio, deben investigar y procesar a los responsables de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura y abuso sexual”, añadió.

Amnistía insiste en que las autoridades se decidan a investigar al general Amadou Sanogo, cerebro del golpe militar de abril de 2012 y líder en la transición política del país. Sanogo fue citado para testificar en un proceso sobre desapariciones forzadas ante un tribunal el pasado 21 de noviembre pero se negó a asistir tras alegar un permiso especial como ex jefe del Estado.

LA MINUSMA, SOSPECHOSA

AI señala además que algunos miembros de la misión de paz desplegada por la ONU a finales del año pasado (MINUSMA) incurrieron en “conductas indebidas graves”, incluidos abusos sexuales, en septiembre de 2013.

“Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción el hecho de que la ONU haya actuado de inmediato para determinar lo sucedido, y pide que los responsables comparezcan ante la justicia, que se otorgue reparación a las víctimas y que se hagan públicos los resultados de la investigación”, según el comunicado.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Según la información recibida por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad de Malí han ejecutado extrajudicialmente al menos a 40 civiles acusados de estar vinculados con grupos armados. En particular, la ONG cita a un testigo que vio cómo unos soldados arrojaban cadáveres a un pozo en Sevaré en enero de 2013.

“El hedor que emanaba del pozo era abrumador”, según Amnistía, que denuncia que todavía no ha recibido los resultados de la investigación que prometió en su momento el fiscal de esta localidad.

Además, la ONG recuerda el caso de los dos periodistas de Radio France International fueron secuestrados y asesinados en Kidal, en el norte de Malí, el 2 de noviembre. “El asesinato sin sentido de dos periodistas franceses, este mismo mes, es sólo uno más de los síntomas de la inseguridad constante que vive el país”, ha manifestado Salil Shetty. “La falta de respeto por los derechos humanos contribuye a esa inseguridad”, añadió.

DESAPARICIONES FORZADAS Y ABUSOS SEXUALES

Amnistía tiene constancia además de 32 “desaparecidos” cuando se encontraban bajo disposición de las fuerzas de seguridad malienses. Entre ellas se encuentran soldados acusados de ser leales al presidente derrocado, Amadou Toumani Touré, así como civiles acusados de apoyar a los grupos armados.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Malí que hagan cuanto esté en su mano para determinar la suerte corrida por los desaparecidos y que emprendan investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales.

La ONG ha documentado asimismo casos de violación y abuso sexual contra mujeres y niñas a manos de miembros de grupos armados, entre ellos el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, el grupo armado separatista tuareg que intentó tomar por la fuerza el norte del país.

Una niña de 16 años contó a los investigadores de Amnistía Internacional cómo la habían violado repetidamente, durante dos días, los miembros de un grupo armado que la habían capturado en Gao, localidad donde residía. La organización pide que se investiguen las denuncias de abuso sexual, que se procese a los responsables y que se establezcan programas de ayuda para proporcionar a las víctimas atención médica y psicológica.

“La población de Malí está profundamente traumatizada por los sucesos de los últimos dos años”, ha manifestado Salil Shetty. “El garantizar que todos los responsables de abusos contra los derechos humanos comparecen ante la justicia es fundamental para conseguir una paz duradera. Es la única forma de ayudar al país a pasar esta dolorosa página de su historia.”

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