Acusaciones y desmentidos caracterizan vida política en Sudáfrica

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Por Ilsa Rodríguez

Numerosas denuncias contra figuras públicas, incluido el presidente Cyril Ramaphosa por alegada violación del Código de Ética del Ejecutivo, caracterizan la vida en Sudáfrica este mes invernal de julio.

Las acusaciones contra Ramaphosa por parte de la Protectora Pública, Busisiwe Mkhwebane, en un reporte divulgado el 19 de julio a la prensa incluyen que el Presidente engañó deliberadamente al Parlamento Nacional acerca de una donación de unos 36 mil dólares recibida durante su campaña para liderar el Congreso Nacional Africano (ANC) en 2017.

La reacción del mandatario no se hizo esperar y dos días más tarde dio a conocer que llevará a la consideración de los tribunales el informe de Mkhwebane por contener ‘fallas fundamentales e irremediables’ y reflejar ‘inexactitudes de hecho y de naturaleza material’.

Coincidiendo con estas alegadas denuncias contra Ramaphosa, Mkhwebane recibió el rechazo de la Corte Constitucional a una apelación para anular un dictamen del Tribunal Supremo que determinó que tendrá que asumir el 15 por ciento de los gastos legales del Banco de la Reserva de Sudáfrica en un proceso que ella promovió contra Bankorp, antecesor del banco Absa.

Esta fallida apelación significa que Mkhwebane tendrá que desembolsar miles de dólares para cumplir el mandato judicial y ocasionó reclamos en este país para que presente su renuncia, ya que la corte también estimó que la funcionaria había actuado de mala fe y presentado pruebas falsas en el caso contra Bankorp.

La campaña para la dimisión de la Protectora fue reclamada por el grupo Responsabilidad Ahora, para quienes si Mkhwebane no abandona su cargo deberá ser acusada de cometer delitos en el desempeño de sus funciones.

Esta posición es compartida por analistas en esta capital que expresan que si la funcionaria no renuncia podría recibir un voto de no confianza del parlamento, enfrentar cargos por parte del Consejo de Práctica Legal o ser acusada formalmente ante la justicia criminal de la administración por mentir.

La Protectora, además, está vinculada con otro caso llevado ante los tribunales, su querella contra el ministro de Empresas Públicas, Pravin Gordhan, un veterano político sudafricano que ha ocupado diversos portafolios e importantes responsabilidades desde la llegada de la democracia a este país en 1994.

En el caso contra Gordhan, Mkhwebane lo acusa en otro informe de deshonestidad al crear un departamento de Rentas de Sudáfrica durante su dirección de ese organismo (1999-2009).

La batalla legal contra el ministro, quien recibió el respaldo del Presidente en su enfrentamiento a la Protectora, es considerada por expertos perdida para la funcionaria, quien volvió a ser acusada de sobrepasar sus responsabilidades.

La situación de Mkhwebane es reflejada en caricaturas aparecidas en la prensa sudafricana, en las cuales el público pide a la Protectora ser resguardada contra ella.

Este panorama creado por la dirigente del Protectorado fue antecedido por la comparecencia del expresidente Jacob Zuma en la comisión que investiga casos de corrupción en la nación y ante la cual se esperaba aclarara las denuncias en su contra presentadas por varios testigos.

La presencia de Zuma ante el grupo de investigadores que encabeza el juez Raymond Zondo, vicepresidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, fue conseguida después de meses de negociación con su equipo de asesores legales y pactada para cinco días.

No obstante Zuma canceló su participación después de dos días por considerar que era interrogado como si fuese un acusado y no un testigo.

El expresidente suspendió sus respuestas cuando se le preguntaba acerca de las denuncias de la exministra de Empresas Públicas Barbara Hogan, de que había interferido desde su posición de Presidente en la nominación de directivos e integrantes de las juntas de varias compañías del Estado.

Otro tema escabroso abordado fue su vínculo con integrantes de la familia de origen indio Gupta, a quienes se ha denunciado reiteradamente por aprovechar su relación con Zuma para enriquecerse a costa de las empresas públicas.

Al respecto el exmandatario negó su participación en esos actos delictivos, pero admitió que mantiene aún buenas relaciones amistosas con ellos.

En resumen, todas las interrogantes sobre su participación o no en actos corruptos y su alegado abuso de poder quedaron sin respuesta y se mantienen en un limbo.

Durante sus dos días ante la llamada Comisión Zondo, Zuma acusó a dos veteranos de la lucha antiapartheid de tener vínculos durante esos años con la inteligencia del régimen de segregación racial y recomendó a sus enemigos ser cautelosos porque ‘es en serio cuando digo que revelaré cosas sobre ellos’, aunque no precisó a quiénes y a qué se refería.