Acuerdo fiscal con petroleras en Angola incluye auditorías regulares

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Las auditorías con regularidad están incluidas en un acuerdo tripartito entre la Administración General Tributaria (AGT), el Ministerio de Petróleos y Sonangol para las compañías petroleras con operaciones en Angola.

El pacto fiscal establece los principios para la definición de una metodología común entre AGT y la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola (Sonangol), como concesionaria nacional, para resolver las divergencias relacionadas con la determinación de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de Petróleo.

Divulgado este viernes parcialmente por medios de prensa, el documento establece también los principios para la realización de auditorías uniformes a las empresas asociadas a la concesionaria nacional, que se celebrarán al final de cada ejercicio fiscal.

La información sigue al anuncio hace casi dos semanas de que las petroleras extranjeras y el gobierno angoleño pusieron fin a más de 10 años de litigios en relación con la falta de pagos fiscales.

Son acuerdos históricos, explicó en un comunicado el Ministerio de Finanzas al referirse a las tratativas con la francesa Total, las estadounidenses Chevron y Exxon Mobil, la italiana ENI, la británica BP y la noruega Statoil.

Las diferencias, que dieron lugar a varios procedimientos interpuestos ante los tribunales angoleños, quedan definitivamente y totalmente resueltos mediante el pago de determinadas cantidades al Estado, que aseguran la regularización plena de la situación fiscal de esas compañías.

De ese modo quedarán normalizadas las relaciones entre la Administración General Tributaria y las compañías petroleras, además de reforzarse el clima de confianza en el país y abrirse las puertas al crecimiento de la inversión en el sector del petróleo, expuso la fuente ministerial el pasado 25 de junio.

Para la celebración del acuerdo, según el comunicado, fue fundamental la voluntad y flexibilidad de las partes, destacándose el comportamiento de las empresas con vistas a la ‘estabilidad y regularización efectiva del funcionamiento de la industria petrolera, con bases sólidas y garantía de seguridad entre los operadores y las instituciones’.