41 ‘cascos azules’ acusados de abusos sexuales en República Centroafricana

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cascos azulesNaciones Unidas ha identificado a 41 ‘cascos azules’ procedentes de Burundi y Gabón a los que acusa de abusos sexuales y explotación en República Centroafricana durante 2014 y 2015, según ha declarado el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, este lunes.

«La responsabilidad de llevar a cabo futuras investigaciones es de Burundi y de Gabón», ha dicho Dujarric. Naciones Unidas ha exigido a ambos países que interroguen a los militares identificados, que ya habían dejado República Centroafricana antes de ser acusados.

La misión de paz de la ONU en República Centroafricana, denominada como MINUSCA, cuenta con alrededor de 12.000 efectivos. Desde hace varios meses ha estado rodeada por la polémica, ya que varios de sus miembros han sido acusados de perpetrar abusos sexuales contra mujeres desde que fueron desplegados en abril de 2014 para hacer frente a los enfrentamientos entre los rebeldes musulmanes Séléka y las milicias cristianas anti-balaka.

República Centroafricana, que cuenta con grandes reservas de uranio, oro y diamantes, sufre una de las mayores crisis económicas de sus historia a raíz de que en 2013, los rebeldes Séléka derrocasen al entonces presidente, François Bozizé.

Las tropas francesas desplegadas en una misión militar separada también han sido acusadas de abusar de los civiles. Los 41 soldados procedentes de Gabón y Burundi han sido identificados por 45 víctimas en la prefectura de Kemo.

No obstante, en al menos 83 de los 139 casos investigados por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS, por sus siglas en inglés), las víctimas fueron incapaces de identificar a sus agresores entre las fuerzas de paz de la ONU. Al menos tres de estos casos han sido desestimados por falta de pruebas.

Un informe de Naciones Unidas, escrito por el jefe del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, sugiere que muchas de las acusaciones tenían similitudes entre sí que las hacían parecer ilegítimas, por lo que podrían ser falsas y estar motivadas por un móvil económico.

«OIOS ha registrado que muchas de las denuncias seguían un patrón muy similar; los testimonios de muchas denunciantes eran prácticamente idénticos, carecían de detalles y sentido. Parecía que muchas de estas víctimas se habían aprendido de memoria un guión», alegaba el escrito.

El informe ha señalado a una fundación local como la responsable de enviar a las supuestas víctimas al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a las que pagaba a cambio de fingir que habían sufrido abusos.